Cada Estado tiene la potestad de instituir sus normas relativas a la extradición, por lo que puede permitirla, prohibirla o flexibilizarla en lo que respecta a sus nacionales o a los extranjeros que residan o estén de paso en su territorio. Tal y como recoge el bufete de abogados de Jesús Becerra, los tratados firmados con otros países aluden tanto a sí mismos como a las leyes de los Estados involucrados en el proceso de extradición (solicitante y solicitado) como marco regulador, para poder establecer una división de competencias entre normas internacionales y normas internas.
La etapa de inicio de la extradición se inicia cuando el Estado requirente presenta una solicitud formal de extradición al Estado requerido.
Si la solicitud es aceptada, se procede a la detención provisional de la persona buscada y se inicia un proceso judicial para determinar si se concede o no la extradición. Durante el proceso judicial, la persona buscada tiene derecho a un abogado y a presentar pruebas a su favor.
Se accederá a ella si el detenido presta su consentimiento y si la Parte requerida estima que no existen consideraciones importantes que se opongan al traslado.
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En algunas ocasiones en esta etapa los reclamados consienten en su extradición y se agiliza su entrega.
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Estos son los países del this contact form continente africano con los que España no tiene convenios de have a peek here extradición:
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Cuando la responsabilidad prison se haya extinguido conforme a la ley española o del estado solicitante.
La Parte requerida podrá denegar la extradición cuando, conforme a sus propias leyes, corresponda a sus Tribunales conocer del delito por el cual aquella haya sido solicitada.
Así, pese a que España forma parte de la Unión Europea y de que existen las llamadas euroórdenes que facilitan el proceso de entrega de prófugos en el terreno comunitario, sus peculiaridades han saltado a la vista en las peticiones contra los antiguos miembros del Govern catalán que se exiliaron para evitar ser procesados por el referéndum de 2017 denegadas por Bélgica, Alemania, Escocia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.